Como es posible, que con las graves carencias que están sufriendo millones de familias españolas, (más del 58% no llegan a fin de mes); Los más de cuatro millones de parados, (la mayoría de ellos no cobran el subsidio de desempleo); Los millones de trabajadores que cobran entre 400 y 800 euros al mes, (la propaganda fascista se empeña en llamarles mileuristas); Los más de 8 millones de jubilados que cobran pensiones de hambre, (un alto porcentaje de ellos, como ya se ha denunciado repetidas veces en los medios de comunicación, se ve obligado a recurrir a los contenedores de basura de grandes superficies, de supermercados, de hoteles y de restaurantes, y a acudir a comedores públicos y a instituciones como Caritas, para cubrir sus necesidades más básicas). Como es posible, repito, que algunas instituciones totalmente prescindibles, como es el caso de la monarquía, que no olvidemos, es a todas luces ilegal al haber sido impuesta por un golpista y dictador macabro, se lleve por la jeta más de 16 millones de euros al año y nadie ponga el grito en el cielo ante semejante despilfarro, barbaridad y abuso de poder.
Contentos podríamos estar los españoles, si fuera este el único caso de despilfarro de dinero público que anualmente se lleva acabo con total abuso de poder en este país, porque la cantidad citada, dentro del contexto general de las cuentas públicas, vendría a ser algo así como el chocolate del loro. Por desgracia, este país esta lleno de loros que se atiborran a chocolate y algunos de ellos, lo hacen en cantidades que dejan al nivel de calderilla, lo que se lleva la casa real. El mantenimiento de la muy dañina Secta Católica, nos cuesta a los contribuyentes entre 6.000.000 y 8.000.00 millones de euros al año, (el dinero para atender a instituciones como Caritas, lo recibe aparte) A todo esto, hay que añadir infinidad de inoperantes instituciones públicas, como es el caso de las Cámaras de Comercio, de más de un Ministerio y, entras, de aquellas que se erige en defensoras de los ciudadanos en sus diferentes vertientes; El descomunal overbooking de cargos en las Administraciones Públicas y en los partidos políticos, todos ellos con sueldos y otras prebendas de escándalo; Las Fundaciones de muy dudosa ética y legalidad democrática, como es el caso de la dedicada al golpista franco o la FAES de Aznar, etc. Pero es que además, la Agencia Tributaria, la misma que persigue con desmedida saña a aquellos trabajadores (muy pocos, ya que la mayoría de ellos ganan sueldos muy bajos) que intentan pagar menos de lo que por sus ingresos les pueda corresponder, tolera de buen grado que las grandes fortunas, cuando lo hacen, coticen con una ínfima cantidad, y que la Secta Católica y la familia Franco, no paguen un solo céntimo en lo referente a impuestos directos.
El pueblo, individualista y acostumbrado a agachar la cabeza esperando a que sea el vecino el que de la cara, para, en el caso de que se la partan, descojonarse de risa, y si sale triunfante, unirse a él para presumir después de que también luchó por ese logro. Es cierto, muchos son los que se quejan de la dura situación que están están viviendo, pero muy poco o nada hacen por remediarla, todos esperan que sea otro el que les saque las castañas del fuego. Son los mismos, que desde 1977 siguen votando a los partidos políticos responsables de todos los males que mortifican a los trabajadores, a los jubilados y a las personas de menos recursos.
CHE-CHU
Otros siete millones saldrán de las arcas públicas para los gastos de la Casa Real
El Rey cobrará este año casi nueve millones de euros sin ningún control oficial
C.G. EL PLURAL.COM
En 2010, el Rey cobrará 8.896.920 euros, la misma cantidad que el año pasado, y 233.900 euros más que en 2008, una cifra de la que podrá disponer sin ningún control público. El artículo 65. 1 de la Constitución establece que el monarca "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
Pero el Rey no sólo recibe nueve millones de euros. Hay gastos que no paga y que están agazapados en los Presupuestos del Estado, entre ellos, los sueldos de los 127 funcionarios y ocho trabajadores eventuales que dependen de la Casa Real, y que suman un total de 6.209.130 euros. La partida se recoge en el programa 911Q de las Cuentas de 2010, en el apartado titulado “Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado, que incluye, además, 321.640 euros para gastos corrientes.
Los viajes
Otra factura que el monarca no paga del presupuesto de que dispone son los viajes al extranjero, que abona el Ministerio de Exteriores. Para este año, se han previsto 15 desplazamientos, con un coste de 415.040 euros, pero es probable que la cifra sea superada, como ocurre todos los años. En 2009, se reservaron 345.000 euros, y al final se consumieron 33.000 más. En 2008, el incremento fue de 180.000 euros, ya que los Reyes hicieron cuatro viajes más de los previstos inicialmente.
El mantenimiento de sus residencias
El monarca no abona la conservación de las residencias familiares –el Palacio Real, el de la Zarzuela, el de Marivent (Mallorca) o el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)–, propiedades todas ellas de Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Este año se han presupuestado 17,9 millones para la conservación de estos edificios. En 2009 se destinaron 20,5 millones, pero se dejaron de gastar 1,5 millones.
Los agentes de Seguridad
Don Juan Carlos tampoco paga los agentes encargados de la seguridad de la Familia Real, que son costeados por el Ministerio del Interior. Su homólogo de Economía y Hacienda asume, por su parte, los gastos de coches oficiales y chóferes.
Políticos exigen transparencia
Nunca ha trascendido el desglose de los gastos de la Casa del Rey, pese a las exigencias de algunos grupos políticos, como IU, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "No conseguimos nada. Es como chocarte contra un muro. Pero tarde o temprano los muros caen. La Monarquía sólo ganará credibilidad si gana en transparencia", augura Joan Herrera, portavoz en el Congreso de ICV. "No es cuestión de ideologías, –aclara Gaspar Llamazares (IU)- de republicanos o monárquicos, sino de calidad democrática".
La ley de la transparencia no incluye al Rey
El Ministerio de la Presidencia prepara una ley de acceso de los ciudadanos a la información, incluida la finanzas de los cargos públicos, sin embargo, por ahora "no se recoge una referencia expresa al Rey", porque la ley no puede ir más allá de la Carta Magna", según especifican fuentes del citado ministerio a Público.
En noviembre del año pasado, publiqué en este bolg una carta que circula por Internet desde hace meses y cuyo autor es el coronel del ejército Amadeo Martínez Inglés. En esa ocasión, la carta publicada hacía referencia a cual fue el papel del rey en el proceso de descolonización y entrega del territorio del Sahara a Marruecos. Hoy, para deleitar aun más si cabe a monárquicos y juancarlistas, publico esta otra carta del mismo autor, que también tiene una importante trayectoria en Internet y en la cual aporta datos sobre otros haceres del monarca.
CHE-CHU
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…).
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
