miércoles, 24 de marzo de 2010

CASO GÜRTEL; BUSCANDO LA IMPUNIDAD.


Cuando un partido político descubre, (lo cual no es nada difícil, ya que si algo sobra en este país, es chorizos de guante blanco) que uno de sus afiliados que ocupa un cargo público, es un corrupto y decide, además de expulsarle del partido, denunciar el caso públicamente y aportar ante un juez las pruebas necesarias para facilitar la labor de la justicia, cumple con su deber cívico y aplica el código ético que seguro tiene entre sus estatutos. En cambio, cuando ese mismo partido político, en un cínico alarde de doble moral, encubre el delito y busca por todos los medios la impunidad de su particular delincuente, se convierte también en corrupto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (o de Injusticia, cualquiera sabe) ha anulado hoy las escuchas que autorizó el juez Garzón a los corruptos implicados en la trama Gürtel, porque, supuestamente en ellas, los implicados reconocen la autoría de varios delitos, y de tenerse en cuenta esas escuchas, correrían el riesgo de no poder quedar impunes en un futuro juicio.

Este hecho, además de afectar al juez Garzón, al que los fascistas de este país han colocado en la cuerda floja por atreverse a intentar juzgar el terrorismo y el genocidio franquista, afecta, también de forma directa, a todos los ciudadanos españoles.

Hay noticias, como la citada, que acojonan al más pintado y que hacen, que muchos nos preguntemos diariamente donde coño estamos; En manos de una partidocracia corrupta; En las de una dictadura fascista y corrupta, apoyada por el también fascista Capital Liberal InternaNAZIonal; En las del NAZIonal-catolicismo; En las de una monarquía fascista e ilegal, al habernos sido impuesta por el siniestro dictador fascista; O en las manos de todas ellas, que en acordada coproducción, imponen por la fuerza su nefasta, antisocial y antidemocrática dictadura. Que alguien me lo aclare, por favor, porque lo único que hasta ahora tengo por seguro, es que la verdadera democracia, brilla en este país por su ausencia.

¿Cuándo se va a espabilar este pueblo, me refiero sobre todo, a quienes sufren con más dureza las dentelladas que los muchos corruptos que hay en este país, (España es uno de los líderes mundiales en la producción de este tipo especímenes) le dan al dinero público, que por si acaso alguien no lo tiene en cuenta, es el dinero de TODOS?

Se hace más necesario que nunca; que los trabajadores con contratos basura y sueldos de hambre, que son la gran mayoría; Los jubilados con pensiones de hambre, que también son una importante mayoría; Y los millones de ciudadanos, cuyas economías están en constante situación de riesgo, empiecen a plantearse muy seriamente, si tiene sentido seguir votando a partidos políticos, que desde 1975 se han dedicado a vivir como dios a costa del contribuyente; a legislar pensando solo en su propios intereses y en los de otros poderes fáctos afines; a corromper todo lo que tocan; y a jederle la vida al pueblo.


CHE-CHU

martes, 23 de marzo de 2010

Saludos Fran.

En primer lugar, pedirte disculpas por tardar tanto en entrar en tu blog, pero entre que mi salud no está precisamente en su mejor momento y que ando liado con otras cosas, tengo un poco abandonado mi blog y últimamente no he publicado nada en el.

Gracias por tus palabras de aliento. Aunque veo muy difícil que lo haga, a mi también me gustaría que el señor Corbacho leyera mi carta. De todas formas, ya sabes que esta gente va a lo suyo y acostumbra a aplicar el principio de; tu di lo que quieras, que yo hago lo que me da la gana.

A los quince días de enviarle mi carta, que iba acompañada de varios artículos de prensa en los que se denunciaban diferentes casos de corrupción, llamé por teléfono al Ministerio de Trabajo para asegurarme de que la habían recibido y me aseguraron que si, que ya estaba en su poder y que una vez analizado su contenido, me contestarían. Posteriormente, como una semana después, recibí una notificación del Ministerio, en la que me confirmaban lo mismo que ya me habían adelantado por teléfono; que darían contestación a mi carta, en cuanto la leyeran con detenimiento.

A día de hoy, todavía no he recibido respuesta, así que mañana mismo les vuelvo a llamar, por si se han olvidado de mi. En cuanto tenga en mis manos la respuesta, la haré pública en mi blog, como ya hice con la carta que le envié al defensor del pueblo vasco y con la respuesta, bastante anodina por cierto, que recibí de su parte.

Un saludo, CHE-CHU

jueves, 11 de febrero de 2010

CARTA AL MINISTRO DE TRABAJO CELESTINO CORBACHO

Estimado señor Corbacho:

Trabajadores, jubilados y personas de pocos recursos, no alcanzamos a comprender, (será porque no tiene explicación posible) porque tenemos que ser siempre nosotros, los paganos de todo lo malo. Y no lo digo solo por la grave crisis económica que estamos sufriendo, la misma crisis, que como usted conoce bien, fue provocada por la Banca y por otras entidades financieras, y que incomprensiblemente, mientras que a los causantes de semejante desbarajuste se les premia generosamente con millonarias cantidades de euros por su nefasta gestión, a nosotros, los componentes de los tres colectivos que le cito, inocentes que somos de toda culpa, se nos condena a padecerla y a pagarla en toda su magnitud.

Pero no puede quedarse solo en las entidades financieras; en quienes engordaron sus cuentas corrientes gracias a la recalificación de terrenos rústicos y en quienes especularon con el precio de un bien tan necesario como la vivienda, la culpa del desastre económico ocurrido. Porque existen otros culpables, aquellos que por omisión, pudiendo, nada hicieron por evitarlo. Son, quienes teniendo autoridad y todos los medios para frenar en seco el desastre que se nos venía encima a los ciudadanos de a pie, sabiéndose a salvo al ocupar una posición de privilegio, miraron para otro lado mientras se frotaban las manos viendo como aumentaba el PIB mediante el saqueo a los que menos tienen. Precisamente los mismos, que tienen el cinismo de presentarse ahora como salvadores de la caótica situación que con su dejación de obligaciones, contribuyeron a crear. ¿A qué estamos jugando con tan insultante tomadura de pelo?

Lo digo también, por la abusiva carga de impuestos indirectos en los productos de primera necesidad. Impuestos, que para aquellos que gozan de una economía saneada, no suponen ningún tipo de preocupación, pero que si son motivo de mucha preocupación y grave quebranto, para los trabajadores cuyos ingresos no superan los ochocientos euros mensuales, los mismos, que la propaganda oficial se empecina en llamar mileuristas y que son legión, ya que esa desmedida e injusta carga fiscal, supone tener que renunciar a una alimentación completa y sana. Lo que unido a la diaria frustración que sienten por su mala calidad de vida, acelera su postrero viaje a la otra vida. Lo mismo ocurre con aquellos jubilados que sufren las pensiones más bajas, y con aquellos, que a causa de su precaria situación económica, están abrazados a la miseria y que en este país, cada vez son más. Conclusión; las pensiones y los salarios de hambre matan. Con el agravante, de que lo hacen lentamente, a base de torturar a los afectados.

Y entre otras muchas injusticias, lo digo también, por la inseguridad en las calles ante la falta de policías que protejan a los ciudadanos de bien, de todo tipo de delincuentes. ¿Cómo es posible, que el señorito Aznar cuente para su protección y cuidado personal, con 51 empleados entre escoltas y asesores cuyos sueldos pagamos todos, mientras que a los ciudadanos de a pie se nos deja totalmente desprotegidos? ¿Es este un caso único o es costumbre entre la clase política privilegios como el citado? Sea uno o sean 50.000 quienes se recetan prebendas de tal magnitud. De lo que no cabe la menor duda, es de que como otros muchos, dicho gasto se aprueba a espaldas del pueblo, que es el que paga. En ningún momento se pide la aprobación de los ciudadanos mediante consulta popular, para disponer tan alegremente del dinero que es de todos, algo imprescindible en cualquier sistema político verdaderamente democrático. ¿Cómo se puede calificar esto; como abuso de poder; como apropiación indebida; o directamente de estafa?

Como siga produciéndose la ausencia de policías en las calles, además de que crecerá y mucho la inseguridad para los ciudadanos de a pie, dentro de unos años, los ahora niños, además de creer que la leche sale del tetra brik, acabarán creyendo también, que un policía es un parque temático o el politono de alguna canción de éxito. Sorprende, que España doble en funcionarios públicos a Alemania, cuando ese país nos dobla a su vez en población. Y sorprende todavía más, que con tanto funcionario público, en este país tengamos una importante carencia de médicos, enfermeras, policías y maestros.

Y por supuesto también, por la imposibilidad para muchos trabajadores, de poder acceder a una vivienda digna. ¿Acostumbra usted a ver el programa Callejeros, que se emite en el canal de televisión, Cuatro? Si es así, estoy seguro de que ha tenido que comprobar en que condiciones viven muchas familias españolas; En viviendas que rezuman humedad por los cuatro costados; Que se encuentran en estado ruinoso; O compartiendo espacio con ratas y cucarachas. Lo que más sorprende al ver tanta penuria, es que quienes la están provocando con su desmedida ambición, y quienes pudiendo, nada hacen por evitarla, puedan dormir tranquilos. ¿Tiene esta injusta realidad algo de democrático? ¿Se puede seguir mirando para otro lado, mientras se habla de estado de bienestar? Estará usted de acuerdo conmigo en que no y que el reparto equitativo de la riqueza, (algo desconocido a día de hoy en este país) resulta de vital importancia para evitar que el dinero de todos se concentre cada vez en menos manos, dando lugar a tantas y tan graves desigualdades sociales.

Los oprimidos (con la que está cayendo, de oprimidos tenemos que hablar) claman justicia, ya que entre otros muchos, atropellos como los citados, tienen toda la pinta de ser clamorosos actos de injusticia social, no exentos de violencia institucional contra los más débiles. Y por consiguiente, actos alejados en todo momento de cualquier principio verdaderamente democrático.

¿Por qué ese ensañamiento con quienes no tenemos capacidad de defensa? Y por favor, le ruego que no me saque a relucir algo tan virtual, como eso de que nos asisten una serie de derechos como ciudadanos, porque, salvo en muy contadas ocasiones, esos derechos brillan por su ausencia.

En cuanto a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, motivo por el que le escribo, es a todas luces y por varias razones, improcedente, injustificable, alejado de todo principio democrático y, por supuesto, sumamente injusto.

Si como estamos viendo, al cumplir un asalariado los 50 años de edad los empresarios recurren sistemáticamente al despido o a la prejubilación, porque le consideran viejo para desempeñar su trabajo, el hecho de retrasar la edad de jubilación, va a generar, salvo en muy contadas excepciones, mucho más desempleo. Es cierto, que muchos de ellos, al quedar en paro, cobrarán durante un año una prestación por desempleo, pero... ¿en qué situación de desamparo van a quedar después? Con 50 años de edad nadie les va contratar y como todavía les faltarán entre 15 y 16 años para, en caso de no morir antes por desesperación, poder acceder a la jubilación, el futuro que les aguarda se adivina más negro que la conciencia de George Bush II, ex emperador de Usakilandia.

Juguemos al bonito juego de las suposiciones, y ya puestos, supongamos que los empresarios, tan aficionados que son ahora a despedir a los trabajadores, cuando estos rebasan la edad de los 45-50 años, deciden conservar en sus puestos de trabajo a una amplia mayoría de ellos hasta los 67 años de edad, ¿qué pasará entonces con los jóvenes que demanden su primer empleo? Pues muy sencillo, que sus posibilidades de encontrar trabajo se reducirán drásticamente. Cualquier malpensado, diría que es precisamente ese el objetivo a lograr. Ya que si se consigue que tarden varios años en dar comienzo a su vida laboral y los empresarios deciden volver a las andadas, despidiendo por “viejos” a aquellos trabajadores de 45 o más años, tienen muchas posibilidades de que al llegar a la edad de jubilación, se encuentren con que no tienen los suficientes años cotizados y cobren su pensión en estampitas.

Como está más que demostrado, que el invento ese de la Caja Única de la Seguridad Social, además de ser una amenazante espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores, hace agua por todos lados, ¿no estará la solución, en incluir también las pensiones de los asalariados en los Presupuestos Generales del Estado, como una partida más? Le sugiero esto, porque así se hace con las pensiones que reciben ustedes los políticos, los clérigos y los militares. ¿Por qué no se hace esto mismo con las pensiones de los trabajadores? ¿Somos todos iguales en este país o somos los trabajadores ciudadanos de segunda clase y es por esta razón que se nos margina?

Si para los políticos, es suficiente cotizar durante 8 años para acceder a las pensiones más altas, (en algunos casos solo son necesarios cuatro, e incluso en otros, con jurar el cargo ya la tienen garantizada) ¿qué explicación tiene el hecho de que los trabajadores, para acceder a una pensión que en muchos casos se puede calificar de hambre, tengamos que cotizar durante 35 años? ¿Considera esto justo? Para mi, es una prueba más de que este país se asemeja demasiado a un enorme embudo, en el que un grupito de privilegiados se acomodan olgadamente en la parte ancha del mismo, mientras que a los trabajadores se nos condena a todo tipo de estrecheces en la parte más angosta. Lo que popularmente se conoce como aplicación por decreto de la ley del embudo.

Tanta injusticia y tanto palo continuado a los currantes, nos lleva a hacernos algunas preguntas para las que no conseguimos encontrar respuesta; ¿Les debemos los trabajadores algo a ustedes los políticos? ¿Hemos cometido con ustedes algún error imperdonable? ¿Por alguna razón que no alcanzamos siquiera a imaginar, nos han cogido ustedes manía? De existir alguna razón como las citadas o parecida, lo mejor es aclararlo cuanto antes y si tenemos que pedirles perdón por algo que no les ha gustado, lo pedimos y punto. Cualquier cosa, antes que seguir recibiendo cada dos por tres, hostias como hogazas.

Negro futuro nos espera a los trabajadores en este país, con una clase empresarial que solo sabe hacer rentables sus empresas mediante la explotación de los trabajadores. Un trabajador sin ningún tipo de derechos, (poco falta ya para que se de plenamente esa situación) es un esclavo.

Y termino con algo inquietante, señor Corbacho, ¿tiene ese retraso de dos años para acceder al cobro de la jubilación, un trasfondo macabro? Lo digo, porque en esos dos años extras, más de un aspirante a jubilarse morirá y... ¡¡¡albricias!!! el Estado se ahorrará un pastón.

¿Existe algún Mesías salvador, dispuesto a liberar a los trabajadores de tanta opresión? Pues no; no existe, al menos, mientras el bipartidismo PP-PSOE, siga tan firmemente asentado en este país. Si maltratados estamos los trabajadores con un Gobierno del PSOE, jodidos, pero bien jodidos vamos estar, si las próximas elecciones las gana el PP. El cinismo y la falta de ética del Partido Popular haciendo oposición es de récord Guiness. No solo no es capaz de hacer política de oposición sin caer en el insulto rastrero y fácil, sino que además, es incapaz de aportar soluciones alternativas al injusto aumento de dos años para acceder a la jubilación.

Los trabajadores, sin ser astronautas ni haber viajado al espacio, hemos caído de lleno en un agujero negro, del que me temo, no vamos a salir tan fácilmente.


En lo referente a la reducción del gasto público, como lógica solución para paliar el déficit presupuestario provocado por la crisis económica mundial, tengo algunas propuestas, muy democráticas todas, que le ruego haga llegar a su colega doña Elena Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.

Antes que nada, a cada cual lo suyo y esta crisis económica, para quienes con tanto empeño y esfuerzo, han logrado que sea una realidad incuestionable. Que nadie, y mucho menos, los trabajadores, los jubilados y aquellos que menor poder adquisitivo tienen, les arrebaten ni un solo ápice de su responsabilidad ni del derecho que les asiste a disfrutar plenamente de sus consecuencias.

Dejado claro este punto y para abrir boca, se puede reducir sensiblemente el déficit presupuestario, poniendo fin a los muchos privilegios económicos que sin justificación alguna, gozan determinados personajes y entidades, tanto públicas como privadas. Hago referencia, a quienes no pagan ni un solo céntimo en impuestos directos o cuando lo hacen, es en mucho menor cantidad de la que por sus millonarios beneficios, les corresponde; la grandes fortunas, la Iglesia Católica, la familia Franco, etc. A quienes cobran al mismo tiempo hasta tres sueldos públicos de miles de euros cada uno, y que lejos de esforzarse para aportarle algo a cambio a la sociedad a la que dicen servir, hacen manifiesta dejación de sus obligaciones; hecho, que se da en gran medida entre la clase política.

Se puede empezar también, por poner freno a la nefasta utilización de un dinero que todos llaman público, pero, que muy pocos, sobre todo algunos políticos, se acuerdan de que es de todos. Se sabe, porque algún medio lo hace público, que muchos políticos, como es el caso de M. Dolores Cospedal, cobra tres sueldos públicos de miles de euros cada uno al mismo tiempo, mientras que, según se denuncia en uno de los artículos publicado el periódico digital elplural.com y que le adjunto, se toca olímpicamente el higo. Por si esto no fuera suficiente, (y en la misma privilegiada situación se encuentran otros muchos políticos) cobra dietas y otras jugosas prebendas, y tiene derecho a un dinero, también público, para hacer frente a los que ella considere libremente, como gastos de libre disposición.

Poco, muy poco se llega a saber, sobre el flagrante abuso de poder y sobre la interesada utilización que se hace con el dinero público en este país, y se sabe poco, porque las cuentas de los políticos españoles son las más secretas de toda Europa, algo, que se presta a todo tipo de chanchullos y corruptelas.

Muchos políticos, sufren de incontenibles arrebatos de extrema generosidad con un dinero, que al ser público, es de todos y no solo de ellos, disponiendo de el según sea su particular antojo. Entre los muchos que hay, sirva como ejemplo el siguiente:

El Estado se va a ver obligado a ingresar a la popular cofradía sevillana de la Macarena una ayuda de 1.116.000 euros. Esta subvención tiene su origen en un acuerdo del Gobierno de Aznar en 2004 que le concedió esa ayuda, siendo Javier Arenas Vicepresidente y hermano de la cofradía. Más tarde, tras la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, se decidió revocar y anular dicho acuerdo. Después de tres años de pleitos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la cofradía de San Gil. "El Correo de Andalucía" publica hoy en exclusiva la noticia.

El texto, corresponde a un artículo publicado el día 13 de junio del año 2009, del que le adjunto una copia. La primera conclusión que se saca leyéndolo, es, que para algunos individuos resulta ser mucho más importante tener contento al ídolo y a sus materialistas parochus, que intentar socorrer parte de las carencias que padecen los ciudadanos de pocos recursos. En situaciones tan graves como la presente, no queda más remedio que meter el bisturí sin miramiento a todo gasto que sea superfluo y este en concreto, no cabe ninguna duda de que lo es.

Como escapa a mis posibilidades llegar a reunir toda la información sobre la utilización indebida del dinero público, que desde que llegó la... estooo... ¿la democracia? se viene produciendo en este país y que por desgracia es mucha, le adjunto unos pocos y muy recientes artículos publicados en el periódico digital elplural.com, en los que se denuncia esta antidemocrática práctica.

Y ya puestos, terminar definitivamente con la corrupción en las altas esferas. Que nadie, por mucho poder y amigos influyentes que tenga, se posicione por encima de la ley cuando comete actos de corrupción. Los primeros interesados en denunciar cualquier acto corrupto que cometan sus integrantes, deberían ser los propios partidos políticos, porque eso les daría credibilidad ante la opinión pública y de paso, dejaríamos de asistir a espectáculos tan bochornosos, como el que lleva años protagonizando el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Resulta de gran importancia también, rescatar de inmediato los muchos millones de euros que los chorizos de guante blanco tienen guardados en paraísos fiscales y que incomprensiblemente, nadie parece estar interesado en recuperar. ¿Por qué tanta pasividad ante tan grave delito? ¿Con qué padrinos cuentas dichos chorizos, para que no se pudran en la cárcel hasta que devuelvan todo el dinero robado?

Algo que no admite demora, es un reforma tributaria que haga más justa la recaudación de impuestos directos. Que aquellos que mayores ingresos tienen, sean en justa medida, los que más paguen. Es el momento de empezar a exigir a las grandes fortunas que dejen de hacer chanchullos “legales” (al menos como legales los acepta la Hacienda Pública) para cotizar solo una mínima parte de lo que, de acuerdo a sus millonarios ingresos, les corresponde y exigir a quienes no pagan un solo céntimo de impuestos directos, que lo empiecen a hacer de inmediato.

Ningún ciudadano de bien, comprende porque imperios económicos como la insolidaria e improductiva Iglesia católica, además de estar injustamente subvencionada con miles de millones de euros al año, no paga ni un solo céntimo de impuestos directos por los muchos e importantes beneficios que obtiene con sus lucrativas empresas. ¿Se puede calificar como saqueo, la mil millonaria cantidad de euros que el Estado le regala anualmente a la Iglesia Católica para sus gastos y para seguir llenando las ya más que repletas arcas del Vaticano? Aparte de los miles de euros que el Estado entrega a la Iglesia para que sea utilizado en ayudas sociales, Cáritas etc, se calcula en más de ocho mil millones de euros, el costo que anualmente ocasiona a las arcas públicas esta confesión monoteísta. ¿No sería mucho más justo, utilizar el dinero que se le regala a la improductiva Iglesia Católica, en mejorar las pensiones más bajas, en construir viviendas sociales, guarderías infantiles públicas, residencias públicas para ancianos, en mejorar la red y las instalaciones de la sanidad pública y, entre otros profesionales, contratar más médicos y policías? Solo daño le ha causado el NAZIonalcatolicismo a este país, y poniéndole fin, se daría un importante paso hacia la verdadera democracia.

Soy conocedor, de que todo ese dineral se le entrega a la Iglesia, porque existe un Concordato que así lo establece, pero hay que tener en muy cuenta, que al haber sido firmado sin el refrendo del pueblo, que es una vez más el condenado a pagar, apesta a ilegal y a abuso de poder por parte de quienes estamparon su firma en semejante acuerdo, por lo que debe anularse de inmediato. Ahora bien, si algunos potentados y políticos desean ser generosos con un país extranjero, como lo es la riquísima y ostentosa Ciudad del Vaticano, nada que objetar, mientras esa generosidad salga única y exclusivamente de sus bolsillos.

Como al dinero público, es decir, el de todos, no lo respeta ni dios, miles de euros van a parar también al sostenimiento de muchas Fundaciones de reconocida inutilidad, que han sido creadas con un solo cometido; cobrar jugosas subvenciones públicas. Le pondré solo dos ejemplos: la FAES del señorito Aznar, en la que aparte de filosofar en plan facha sobre como joderle la vida al pueblo a cambio de un altísimo costo, nada positivo aporta, y la dedicada al generalito Franco, un siniestro personaje mucho más corto de mente que estatura, cuyo único mérito ha sido el de traicionar a todos los españoles de bien. Un golpista, que apoyado incondicionalmente por la Iglesia Católica, la Alemania nazi, la Italia fascista y el capital liberal interNAZIonal, y favorecido por la traición de Francia y del Reno Unido al Gobierno legal de la II República Española, provocó una cruenta guerra entre todos los españoles, con el triste balance final de un millón de muertos; sumió a España en la más profunda de las miserias y persiguió, torturó y condenó a muerte con desmedida crueldad, a todos aquellos que no pensaban como él. ¿Hay derecho a semejante afrenta? No, por supuesto que no lo hay. Pero, como en este país, a quienes reclaman por una injusticia, se acostumbra a aplicarles el conocido principio de; llámame perro y échame pan, que ni puto caso...

Otro despilfarro importante, lo encontramos en las diferentes Administraciones Públicas, tan repletas todas ellas de altos cargos y demás fauna política. Se puede entender eso de los compromisos, lo que resulta inaceptable, es tanto abuso. Me explico; un político, no es un ente solitario carente de familiares y amigos. Un político, se puede ver comprometido a colocar a un familiar o amigo en la empresa pública, regalándole un cargo de importancia sin merecerlo. Digamos, que hasta aquí, se puede aplicar eso de; ¡qué le vamos a hacer! Hay que ser solidarios con los familiares y amigos, sobre todo, si se trata de incompetentes a los que les gusta vivir de puta madre con dinero ajeno, pero carecen de capacidad suficiente para lograrlos por si solos. Lo que ya no es para nada admisible, es que el overbooking de esta clase de especímenes, haya llegado a tan descomunal cantidad en las ya citadas Administraciones Públicas, que han convertido a estas en asilos de lujo. ¿Y el pueblo... ? Pues lo de siempre; mientras la soberanía popular siga brillando por su ausencia, condenado a pagar y a callar.

Se pueden calificar también de despilfarro, las subvenciones y demás favores económicos, que anualmente recibe el fútbol. ¿No son acaso empresas privadas los equipos de fútbol? Pues que con su pan se lo coman. El dinero público, que insisto en recordar que es de todos, debe ser empleado siempre en favor de la colectividad, nunca, para sanear la economía de empresas privadas que gastan alegremente el dinero en fichajes, pagando cantidades desorbitadas que, en muchos casos, están por encima de sus posibilidades. Por si esto fuera poco, para que la coña marinera sea completa, se establece por decreto, que los futbolistas de elite, que son los que más ganan y que aparte de participar como arreapatadas en un negocio espectáculo que se empeñan en llamar deporte, poco o nada hacen de verdadero provecho, paguen una mínima parte de lo que por sus altísimos ingresos les corresponde cotizar. Señor Corbacho, ¿es acaso pecado o delito ser trabajador, jubilado o persona de pocos recursos? Si no es así, le ruego que tenga la amabilidad de explicarnos porque razón se nos trata con tanta dureza y desprecio, un día si y otro también.

Algo que me preocupa hasta el punto de no dejarme dormir, es hasta donde llega la suspensión de militancia con que el Partido Popular a “castigado” a Ricardo Costa, secretario general de ese partido en la Comunitat Valenciana y portavoz en las Corts de dicha Comunitat. Y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid. Imagino, que ese “castigo” y el de otros militantes implicados en el caso Gürtel o en otros, (que hay muchos donde elegir) no irá más allá de unas vacaciones pagadas y que se les estará respetando de forma escrupulosa sus altísimos sueldos, el seguir contando con un pastón para gastos de libre disposición, dietas y otras jugosas prebendas, porque de no ser así... ¡Ángelicos, se podrían traumar! Algo normal, eso de cobrar un sueldo público sin dar palo al agua, si tenemos en cuenta que muchos políticos no necesariamente tienen que dar el callo para hacerse merecedores a cobrar un sueldo de miles de euros al mes, y en ocasiones y como mal menor, es mejor que no hagan nada, ya que algunos, acostumbran a comportarse como aparatos digestivos y cada vez que tocan algo...

Sabido es, que algunos políticos se han llevado, se llevan y por desgracia, se seguirán llevando la pasta gansa, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Ejemplos hay muchos, le citaré dos; durante unos años, Felipe González estuvo cobrando el sueldo de diputado sin aparecer prácticamente por el Congreso y lo mismo hizo también durante un tiempo, el del señorito Michavila, que como recordará, siendo diputado, dedicaba su tiempo a atender su despacho de abogados y a la representación de artistas como Shakira, en vez de cumplir con sus obligaciones como empleado público. En la actualidad y si no estoy en un error, los dos han renunciado a sus actas como diputados y en principio, esa situación anómala ya no existe.

No pretendo exagerar, pero me temo, que hechos como los citados tienen toda la pinta de haberse convertido en deporte nacional entre la clase política. Total, el pueblo aguanta con todo lo que le cae y paga sin rechistar...

Me duele decirlo, pero todo apunta a que en el PSOE, (la gran esperanza fallida para quienes de verdad somos de izquierdas) la O de obrero murió hace muchos años y la S de socialista, si no siguió la misma suerte, debió quedar en estado terminal o al menos, malherida. Es la única explicación que encuentro a tantas carantoñas de su partido con el capital liberal interNAZIonal y con hacer política de derechas. Quizás, todo ocurrió en el Congreso de Suresnes, o mucho antes, cualquiera sabe. También puede ser, todo es posible, que tan luctuoso hecho se produjera en fechas en las que el PSOE negociaba con los representantes del franquismo, su regreso del exilio. Había que renunciar a determinados principios ideológicos, para poder comerse un rosco en la política española y...

Muerta y enterrada la O de obrero, la pregunta es; ¿Ha ocurrido lo mismo con la S de socialista? Lo digo, porque los trabajadores, los jubilados, y las personas de pocos recursos, (colectivo este último, que crece a pasos agigantados en España) llevan años buscando dicha sigla en el comportamiento político del PSOE y no consiguen verla por ningún lado. ¿Se imagina usted lo mal que lo tiene que estar pasando Pablo Iglesias en la otra vida?


Espero haber contribuido a dar soluciones justas y democráticas para garantizar eternamente las pensiones de los trabajadores y dejen de ser estas, motivo de preocupación para este y para cualquier otro Gobierno en el futuro. Y también, para reducir de forma efectiva el gasto público, sin que los más elementales principios democráticos dejen de estar presentes.

Considero, que además de justas y muy democráticas, las soluciones que modestamente le propongo, son de fácil implantación, ya que tan solo es necesario tener el suficiente coraje político, para ponerlas en práctica sin demora.


CHE-CHU


sábado, 9 de enero de 2010

UNA INSTITUCIÓN TOTALMENTE PRESCINDIBLE Y MUY CARA DE MANTENER


Como es posible, que con las graves carencias que están sufriendo millones de familias españolas, (más del 58% no llegan a fin de mes); Los más de cuatro millones de parados, (la mayoría de ellos no cobran el subsidio de desempleo); Los millones de trabajadores que cobran entre 400 y 800 euros al mes, (la propaganda fascista se empeña en llamarles mileuristas); Los más de 8 millones de jubilados que cobran pensiones de hambre, (un alto porcentaje de ellos, como ya se ha denunciado repetidas veces en los medios de comunicación, se ve obligado a recurrir a los contenedores de basura de grandes superficies, de supermercados, de hoteles y de restaurantes, y a acudir a comedores públicos y a instituciones como Caritas, para cubrir sus necesidades más básicas). Como es posible, repito, que algunas instituciones totalmente prescindibles, como es el caso de la monarquía, que no olvidemos, es a todas luces ilegal al haber sido impuesta por un golpista y dictador macabro, se lleve por la jeta más de 16 millones de euros al año y nadie ponga el grito en el cielo ante semejante despilfarro, barbaridad y abuso de poder.

Contentos podríamos estar los españoles, si fuera este el único caso de despilfarro de dinero público que anualmente se lleva acabo con total abuso de poder en este país, porque la cantidad citada, dentro del contexto general de las cuentas públicas, vendría a ser algo así como el chocolate del loro. Por desgracia, este país esta lleno de loros que se atiborran a chocolate y algunos de ellos, lo hacen en cantidades que dejan al nivel de calderilla, lo que se lleva la casa real. El mantenimiento de la muy dañina Secta Católica, nos cuesta a los contribuyentes entre 6.000.000 y 8.000.00 millones de euros al año, (el dinero para atender a instituciones como Caritas, lo recibe aparte) A todo esto, hay que añadir infinidad de inoperantes instituciones públicas, como es el caso de las Cámaras de Comercio, de más de un Ministerio y, entras, de aquellas que se erige en defensoras de los ciudadanos en sus diferentes vertientes; El descomunal overbooking de cargos en las Administraciones Públicas y en los partidos políticos, todos ellos con sueldos y otras prebendas de escándalo; Las Fundaciones de muy dudosa ética y legalidad democrática, como es el caso de la dedicada al golpista franco o la FAES de Aznar, etc. Pero es que además, la Agencia Tributaria, la misma que persigue con desmedida saña a aquellos trabajadores (muy pocos, ya que la mayoría de ellos ganan sueldos muy bajos) que intentan pagar menos de lo que por sus ingresos les pueda corresponder, tolera de buen grado que las grandes fortunas, cuando lo hacen, coticen con una ínfima cantidad, y que la Secta Católica y la familia Franco, no paguen un solo céntimo en lo referente a impuestos directos.

El pueblo, individualista y acostumbrado a agachar la cabeza esperando a que sea el vecino el que de la cara, para, en el caso de que se la partan, descojonarse de risa, y si sale triunfante, unirse a él para presumir después de que también luchó por ese logro. Es cierto, muchos son los que se quejan de la dura situación que están están viviendo, pero muy poco o nada hacen por remediarla, todos esperan que sea otro el que les saque las castañas del fuego. Son los mismos, que desde 1977 siguen votando a los partidos políticos responsables de todos los males que mortifican a los trabajadores, a los jubilados y a las personas de menos recursos.

CHE-CHU




Otros siete millones saldrán de las arcas públicas para los gastos de la Casa Real

El Rey cobrará este año casi nueve millones de euros sin ningún control oficial

C.G. EL PLURAL.COM


En 2010, el Rey cobrará 8.896.920 euros, la misma cantidad que el año pasado, y 233.900 euros más que en 2008, una cifra de la que podrá disponer sin ningún control público. El artículo 65. 1 de la Constitución establece que el monarca "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma".


Pero el Rey no sólo recibe nueve millones de euros. Hay gastos que no paga y que están agazapados en los Presupuestos del Estado, entre ellos, los sueldos de los 127 funcionarios y ocho trabajadores eventuales que dependen de la Casa Real, y que suman un total de 6.209.130 euros. La partida se recoge en el programa 911Q de las Cuentas de 2010, en el apartado titulado “Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado, que incluye, además, 321.640 euros para gastos corrientes.

Los viajes
Otra factura que el monarca no paga del presupuesto de que dispone son los viajes al extranjero, que abona el Ministerio de Exteriores. Para este año, se han previsto 15 desplazamientos, con un coste de 415.040 euros, pero es probable que la cifra sea superada, como ocurre todos los años. En 2009, se reservaron 345.000 euros, y al final se consumieron 33.000 más. En 2008, el incremento fue de 180.000 euros, ya que los Reyes hicieron cuatro viajes más de los previstos inicialmente.

El mantenimiento de sus residencias
El monarca no abona la conservación de las residencias familiares –el Palacio Real, el de la Zarzuela, el de Marivent (Mallorca) o el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)–, propiedades todas ellas de Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Este año se han presupuestado 17,9 millones para la conservación de estos edificios. En 2009 se destinaron 20,5 millones, pero se dejaron de gastar 1,5 millones.

Los agentes de Seguridad
Don Juan Carlos tampoco paga los agentes encargados de la seguridad de la Familia Real, que son costeados por el Ministerio del Interior. Su homólogo de Economía y Hacienda asume, por su parte, los gastos de coches oficiales y chóferes.

Políticos exigen transparencia
Nunca ha trascendido el desglose de los gastos de la Casa del Rey, pese a las exigencias de algunos grupos políticos, como IU, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "No conseguimos nada. Es como chocarte contra un muro. Pero tarde o temprano los muros caen. La Monarquía sólo ganará credibilidad si gana en transparencia", augura Joan Herrera, portavoz en el Congreso de ICV. "No es cuestión de ideologías, –aclara Gaspar Llamazares (IU)- de republicanos o monárquicos, sino de calidad democrática".

La ley de la transparencia no incluye al Rey
El Ministerio de la Presidencia prepara una ley de acceso de los ciudadanos a la información, incluida la finanzas de los cargos públicos, sin embargo, por ahora "no se recoge una referencia expresa al Rey", porque la ley no puede ir más allá de la Carta Magna", según especifican fuentes del citado ministerio a Público.




En noviembre del año pasado, publiqué en este bolg una carta que circula por Internet desde hace meses y cuyo autor es el coronel del ejército Amadeo Martínez Inglés. En esa ocasión, la carta publicada hacía referencia a cual fue el papel del rey en el proceso de descolonización y entrega del territorio del Sahara a Marruecos. Hoy, para deleitar aun más si cabe a monárquicos y juancarlistas, publico esta otra carta del mismo autor, que también tiene una importante trayectoria en Internet y en la cual aporta datos sobre otros haceres del monarca.

CHE-CHU




AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS


Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:


Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.


En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.


Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.


Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:


1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.


2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.


3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.


4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…).


5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.


6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos, que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.


En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.


De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.


En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:


1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.


3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).


4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.


5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.


6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquel luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.


Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.


Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquel que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.


Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.


Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.


Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.


España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.


Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.


Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008